Silvano Aureoles Conejo, quien fue gobernador de Michoacán entre los años 2015 y 2021, ha sido oficialmente catalogado en la lista roja de Interpol. El formulario expedido en marzo de 2025 se refiere a una orden de detención emitida por la FGR por su supuesta implicación en un desfalco de multimillones al gobierno estatal. Las autoridades estiman un perjuicio patrimonial de más de 3,412 millones de pesos, monto que no solo afecta por su magnitud, sino también por la manera sistemática en que, supuestamente, se llevó a cabo el desvío de recursos.
El caso, que fusiona acuerdos sobredimensionados, inmuebles dudosos y viajes a nivel mundial, ha evolucionado en una intrincada red de obligaciones administrativas y criminales. De acuerdo con la FGR, en el sexenio de Aureoles se establecieron varios acuerdos con la compañía Inmobiliaria DYF S.A. de C.V. destinados a la compra, conservación y renta de propiedades destinadas a ser puestos de policía.
El inconveniente no se limitó al sobreprecio –que en situaciones como la de Apatzingán llegó a 76 millones de pesos por encima del valor real– sino también a la ausencia de comprobación legal de la propiedad de ciertos terrenos, los acuerdos sin pruebas de servicio proporcionado y la circunstancia de que la compañía en cuestión se fundó poco antes de recibir los contratos. Según la FGR, todo esto establece un esquema de operaciones.
Las cifras que envuelven este entramado son significativas: siete cuarteles edificados o comprados a sobreprecio, anomalías identificadas por la Auditoría Superior de la Federación por más de 28 mil millones de pesos durante el periodo 2016-2021 y un pacto de reparación firmado en 2024 por 900 millones de pesos que, hasta ahora, la compañía involucrada no ha cumplido.
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Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador en funciones de Michoacán, ha corroborado públicamente tanto la expedición de la ficha roja como la condición de «prófugo de la justicia» de su predecesor. En un tono que fusiona la firmeza política con la educación jurídica, el gobernador incluso denominó como «amparo patito» un recurso judicial concedido a uno de los involucrados, Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas, indicando, además, que Carlos Maldonado era exsecretario de Finanzas.
Aureoles no se encuentra solo en esta narrativa. Además, se establecieron fichas rojas para otros exmandatarios de su gestión: Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, quienes antes eran secretarios de Seguridad Pública, junto con Guillermo Loaiza Gómez, quien antes era director del Comité de Adquisiciones. Existen varios colaboradores que ya han sido acusados y siguen en prisión: entre ellos, Antonio Bernal (exsecretario de Seguridad), Elizabeth Villegas y Mario Delgado (exdelegados administrativos), lo que evidencia que el caso ha trascendido el terreno de la especulación política para transformarse en una ofensiva legal organizada.
No se pueden pasar por alto las repercusiones políticas de este caso. No solo implica el derrumbe reputacional de un exmandatario que en algún momento intentó ser presidente de México, sino también una alerta acerca de las fronteras de la impunidad en el desempeño público. No obstante, todavía resta por determinar si este esfuerzo judicial se mantendrá a lo largo del tiempo o si, al igual que en otros casos históricos, el escándalo concluirá en pactos fuera del sistema judicial y procedimientos paralizados.
El alcance global del caso se fortalece con los registros migratorios que registran al menos diez desplazamientos de Silvano Aureoles del país entre junio de 2023 y agosto de 2024, hacia lugares como Madrid, São Paulo y Houston. El 20 de agosto de 2024 tuvo lugar la última de estas ediciones. Desde aquel momento, no se ha registrado oficialmente su regreso. La FGR presentó estos datos como prueba de su habilidad para evadir la justicia y como razón para respaldar la petición de la ficha roja.
Este caso, más allá del marco jurídico, muestra las debilidades institucionales en la asignación de contratos públicos, la administración discrecional de los fondos estatales y la escasa supervisión en gobiernos subnacionales. Aunque la ficha roja representa la internacionalización del caso, la auténtica dimensión del problema persiste en el hogar: en la ausencia de mecanismos eficientes de responsabilidad en las estructuras burocráticas que facilitan estas operaciones y en las lagunas legales que, a menudo, solo se cubren cuando existe presión política o mediática.
Con información de Tercera Vía
MIAV
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