El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta el desafío de organizar, a contrarreloj, la inédita elección del Poder Judicial en junio de 2025. Este proceso, que involucra 881 cargos judiciales, se ha visto complicado por suspensiones judiciales y la incertidumbre presupuestal que rodea al órgano electoral. A pesar de esto, el INE ha fijado el 20 de noviembre como la fecha límite para reanudar la planeación de este ejercicio.
Las suspensiones emitidas por más de 500 jueces han paralizado aspectos clave del proceso, como la definición de la cartografía electoral y la fiscalización de campañas. Aunque la Suprema Corte rechazó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, las rutas legales para continuar el proceso aún no son claras. El INE ha solicitado la resolución de estas suspensiones para retomar sus actividades.
En cuanto al presupuesto, el INE proyectó un gasto precautorio de más de 13 mil millones de pesos, cifra que supera en 5 mil millones lo destinado a las elecciones federales de 2024. Sin embargo, esta cantidad enfrenta críticas, especialmente de Morena, partido que ha propuesto un ajuste de hasta 9 mil millones de pesos. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, asegura que el instituto buscará negociar con los legisladores para asegurar los recursos necesarios.
La elección, que permitirá por primera vez que los ciudadanos elijan directamente a jueces, magistrados y ministros, plantea un reto logístico significativo. Para ello, el INE estima la instalación de más de 172 mil casillas y la contratación de más de 40 mil capacitadores electorales. A pesar de la magnitud del proceso, algunos sectores sugieren reducir el número de centros de votación para optimizar recursos.
La elección judicial, sin precedentes en México, marcará un punto clave en la relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Sin embargo, las tensiones políticas y presupuestales podrían poner en riesgo la adecuada organización del proceso electoral.
Con información de El Universal
bvp
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