Por Alfonso Malpica Olvera
CUANDO LA FAMILIA SON LAS INSTITUCIONES
Desgraciadamente, muchos niños y niñas no pueden crecer en el seno de sus familias por diferentes causas, todas ellas muy graves. En nuestro país, se estima que más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues, y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.
En estos casos, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes promueve y fortalece las modalidades de cuidado alternativo y la desinstitucionalización. Es decir, promueve que los niños vivan con su familia de origen, extensa o en una familia ajena, fuera de un centro de asistencia social. Y en los casos donde vivan en una institución u organización, se promueve que sea el menor tiempo posible, todo ello con el objetivo de proteger el interés superior del menor y su bienestar en estas durísimas circunstancias.
Para eso, los instrumentos legales de protección de la infancia en México dictaminan que, cuando una niña, un niño o un adolescente se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, que se encargará de procurarles una familia sustituta. Mientras se encuentren bajo la tutela de esta, se les brindarán los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar.
De ahí la importancia primordial de que, desde las instituciones, se dediquen todos los recursos necesarios para garantizar los derechos de estos niños y niñas que viven en situación de extrema vulnerabilidad y cuya única protección son el Estado y sus instituciones.
Si bien es cierto que se promueve que los pequeños se queden con sus familias extensas o en familias de acogida para evitar alargar su estancia en recursos institucionales, lo cierto es que hace falta mucho dinero para poder sostener esa red de casas y albergues. Estas no solo son edificios, sino que deben contar con equipos humanos muy bien preparados para evitar que esa situación vital tan grave de miles de niños y niñas acabe marcando el resto de sus vidas de manera negativa y permanente.
Son muy necesarios profesionales especializados en la infancia, y no solo cuidadores, capaces de afrontar las situaciones extremas que han llevado a un niño o niña a tener que crecer fuera de su familia. Y, sobre todo, capaces de devolverles la confianza en sí mismos, tras haber quedado desamparados de algo que todos y todas presuponemos siempre va a estar ahí: nuestra propia familia.
Como sociedad, también debemos sentirnos interpelados a formar parte, de alguna manera, de la red de protección de estos pequeños, exigiendo y estando vigilantes para que se destinen todos los recursos necesarios a proteger y promover una infancia sana y segura para todos estos niños y niñas, para quienes el Estado y sus instituciones son su única protección.
Porque, de estos niños y niñas que no pueden crecer con sus familias por circunstancias que nunca tienen que ver con ellos, pero de las que sufren las consecuencias, todos y todas debemos ser también su familia y su protección.
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