El conflicto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Gobierno Federal por la Reforma Judicial ha entrado en su segunda ronda, y ahora cuenta con un tercer actor: empresarios estadounidenses han solicitado al presidente Joe Biden que pida a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, detener dicha reforma. Argumentan que, de no hacerlo, podría afectar el T-MEC, el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, como ya se ha advertido en varios foros en Norteamérica.
Este escenario refuerza la narrativa del presidente López Obrador sobre la actitud “injerencista” del gobierno de Estados Unidos, según ha denunciado desde Palacio Nacional, afirmando que se trata de un asunto que compete únicamente a México, al tratarse de reformas impulsadas desde el legislativo para transformar el Poder Judicial, según indican politólogos y analistas.
Sebastián Godínez Rivera, analista político, subraya que el T-MEC es una herramienta esencial en la relación con Estados Unidos y Canadá, y que la petición de empresarios a Biden para presionar a López Obrador puede interpretarse como una maniobra de los demócratas. “Todos los ojos de México y Estados Unidos están ahora puestos en la decisión que tomen los jueces, magistrados y ministros de la Corte sobre la Reforma Judicial, especialmente ahora que empresarios estadounidenses han intervenido”, destacó.
Diversas asociaciones, consejos, coaliciones y organizaciones del sector privado en Estados Unidos, que incluyen a industrias como la médica, química, energética, tecnológica, y minera, han expresado su preocupación al gobierno de Joe Biden por las reformas que está a punto de aprobar el Congreso mexicano. Los empresarios estadounidenses sostienen que estas propuestas incluyen cambios constitucionales contrarios al T-MEC.
Además, han pedido al gobierno estadounidense compartir estas preocupaciones con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sugiriendo un proceso de reformas más lento y con mayor discusión.
Solicitud de intervención de Antony Blinken, Secretario de Estado
En una carta dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, fechada el 19 de agosto, nueve organizaciones empresariales estadounidenses expresaron que “varias de estas enmiendas parecen violar las obligaciones de México bajo el T-MEC”. Entre estas enmiendas, se menciona una propuesta para destituir a todos los jueces y reemplazarlos mediante elección popular, lo que consideran un riesgo significativo para los derechos fundamentales y la administración de justicia en México.
Las organizaciones advirtieron que el cumplimiento del T-MEC sin un sistema judicial justo se vería sometido a una tensión adicional, y que otras iniciativas de cambio constitucional son contrarias a los compromisos de México en el tratado comercial.
“Estamos profundamente preocupados porque las enmiendas constitucionales dañarán no solo el atractivo de México como lugar para invertir y hacer negocios, sino también el potencial de América del Norte para mantener su posición competitiva. Creemos que el gobierno mexicano debe tener en cuenta sus obligaciones con el T-MEC y el valor del acuerdo para Estados Unidos y México, que se verá amenazado si estas enmiendas se promulgan tal como están propuestas actualmente”, afirmaron las organizaciones.
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Nueve organizaciones firman la carta
Las organizaciones firmantes, entre ellas la Advance Medical Technology Association, American Chemistry Council, American Clean Power Association, American Petroleum Institute, Coalition of Services Industries, Electronics Components Industry Association, Information Technology Industry Council, National Association of Manufacturers, y National Mining Association, aseguraron que la aprobación del paquete de reformas dañará la relación comercial entre México y Estados Unidos y afectará las inversiones y los derechos de las empresas estadounidenses en virtud del T-MEC.
Asimismo, cuestionaron otras iniciativas como la eliminación de organismos autónomos reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que significaría el despido de expertos del sector, el trato preferencial a empresas del Estado, el debilitamiento de protecciones a inversionistas, y la prohibición de la venta de productos agrícolas estadounidenses en México, además de la restricción de proyectos mineros a cielo abierto, entre otras.
Mencionaron posibles cambios que podrían ser aprobados, dado que Morena, el partido en el poder, ganó las elecciones y cuenta con mayoría calificada en el Congreso para hacerlo, a pesar de que muchas de estas modificaciones podrían violar los compromisos internacionales y comerciales de México.
Abogados de Estados Unidos se suman a la preocupación
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó nuevamente su preocupación por la independencia del poder judicial en México. Advirtieron que los mecanismos para implementar estos cambios propuestos al sistema judicial mexicano podrían dañar gravemente la independencia judicial.
En 2011, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados informó sobre la situación en México, concluyendo que, aunque el poder judicial federal era en gran medida independiente, los tribunales estatales presentaban serias deficiencias, entre ellas, la interferencia de los poderes ejecutivos estatales en los nombramientos judiciales.
Más de una década después, el gobierno mexicano busca promover una reforma judicial que, según los críticos, podría socavar las condiciones institucionales que protegen los derechos humanos, garantizan un acceso imparcial a la justicia, y preservan el Estado de derecho.
Con información de El Independiente
bvp
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