Ante la inminente pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) revelada por los resultados de los cómputos distritales, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) designará a un interventor responsable del control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del partido. Esta designación deberá ser aprobada por el consejo general del instituto.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE notificó al PRD que al no alcanzar el 3 por ciento de la votación nacional, las prerrogativas y gastos serán autorizados por el interventor designado. Aunque el PRD contempla impugnar los resultados de los 300 distritos electorales, la Ley General de Partidos Políticos establece una ruta legal para vigilar los bienes y recursos del partido, anticipando una posible liquidación.
El documento de fiscalización del INE señala que el PRD entra en una fase de prevención, que comienza con los resultados de los cómputos distritales y continúa hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la pérdida de registro. El artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos estipula que la Junta General Ejecutiva del INE emitirá la declaratoria de pérdida de registro, pero solo después de la validación del TEPJF, iniciando así el proceso de liquidación.
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El interventor tendrá amplias facultades para la administración y control de los bienes y recursos del PRD. Todos los gastos del partido deberán ser autorizados por el interventor, y no se podrán enajenar, gravar o donar los bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del partido, según el artículo 97 de la misma ley.
Una vez que la Junta General Ejecutiva del INE emita la declaratoria de pérdida de registro, el interventor notificará al PRD sobre la liquidación, determinará las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores, y establecerá el monto de los recursos o el valor de los bienes que puedan ser utilizados para cumplir con estas obligaciones. Los remanentes, en caso de existir, serán adjudicados íntegramente a la Tesorería de la Federación.
Con información de La Jornada.
AR
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