Un tribunal colegiado en materia administrativa ha revocado la suspensión provisional que un juez había concedido a la organización Educación con Rumbo. Esta suspensión ordenaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) realizar la Prueba Estandarizada de la Dirección de Educación de la OCDE, conocida como examen PISA. Esta prueba evalúa los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, con el objetivo de medir su capacidad para resolver problemas complejos, pensar críticamente y comunicarse de manera efectiva.
Los magistrados Víctor Hugo Velázquez Rosas, David García Sarubbi y Rosa González Valdés, por unanimidad, dejaron sin efecto la medida cautelar que había sido otorgada la semana pasada por la jueza Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez, titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, a la mencionada organización no gubernamental.
En una sesión extraordinaria celebrada este lunes vía remota, los magistrados determinaron que la adopción de la prueba PISA no está dentro de un parámetro constitucional. El magistrado presidente del tribunal, David García Sarubbi, indicó que el análisis minucioso de los instrumentos por los cuales el Estado mexicano se adhiere a la OCDE, específicamente en lo que respecta a la prueba PISA, aún debe realizarse. En consecuencia, el tribunal colegiado no puede prejuzgar sobre esta cuestión en este momento.
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La organización Educación con Rumbo promovió el juicio de amparo a finales de abril, en respuesta a la negativa de las autoridades federales de que México sea evaluado por organismos especializados a través de métricas internacionales.
La jueza Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez ha agendado una audiencia incidental para el próximo 27 de mayo, en la que determinará si concede la suspensión definitiva de los actos reclamados. Mientras tanto, la SEP y Mejoredu tienen la opción de impugnar el fallo de primera instancia, lo que podría llevar el caso de nuevo ante el tribunal colegiado para que este determine si confirma, modifica o revoca la resolución de la jueza federal.
Con información de La Jornada.
AR
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