El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una incursión violenta en al menos tres comunidades de Coahuayana el pasado miércoles 3 de abril, marcando un nuevo nivel de agresión en la región. Utilizando drones equipados con explosivos químicos, el CJNG atacó Palos Marías, El Órgano y Zapotán, provocando el desplazamiento forzado de cientos de habitantes.
El presidente municipal, Gildardo Ruiz Velázquez, junto con testimonios de los pobladores, señaló que el grupo criminal no solo empleó armas de fuego de grueso calibre, sino que también utilizó drones para lanzar explosivos con sustancias químicas, provocando efectos adversos en las personas, como picazón, escozor en las vías respiratorias e incluso sensación de asfixia. Esta nueva táctica de guerra representa un preocupante escalón en el conflicto y subraya la intensificación de la violencia en la región.
La intervención de grupos de autodefensas y policías comunitarias logró contener el avance del CJNG, aunque no pudieron evitar la toma de algunas comunidades. La presencia de sicarios armados generó un clima de total emergencia, con pobladores incomunicados y enfrentamientos esporádicos en la región. Además, se reportaron personas heridas por armas de fuego e intoxicadas por los productos químicos lanzados por los drones.
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Ante la falta de respuesta oportuna por parte de las fuerzas federales, los habitantes de Coahuayana y otras localidades cerraron la carretera federal 200 en protesta y exigieron acciones concretas contra el CJNG y otros grupos criminales que operan en la zona. Además de la seguridad, también demandaron el reconocimiento formal de todas las víctimas de desplazamiento forzado, así como el cese de la protección otorgada por funcionarios corruptos a los grupos delictivos.
La situación en Coahuayana es solo un ejemplo de la creciente violencia que azota a la región, ya que en Apatzingán, se registraron tiroteos y asesinatos, indicando un recrudecimiento de la confrontación armada entre diversos grupos criminales. La falta de una estrategia de seguridad efectiva por parte del gobierno federal y estatal ha dejado a las comunidades rurales a merced de la violencia y la impunidad.
En este contexto, organizaciones como el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán han desplegado campañas de prevención e información para concientizar a la población sobre los riesgos y cómo actuar frente a la presencia de armamento y explosivos. Sin embargo, la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades deja a las comunidades vulnerables y expuestas a la continua amenaza del crimen organizado.
Con información de Proceso.
AR
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