En vísperas de lo que será una ardua batalla entre los candidatos para las próximas elecciones presidenciales y legislativas en México, AMLO prepara una reducción millonaria a algunos sectores importantes, para así poder reasignarlo a programas sociales y obras de infraestructura.
Ejemplo de ello es la reducción de los recursos destinados al poder judicial, si bien a lo largo del gobierno de López Obrador se ha visto la complicada relación que tiene con los jueces, esta parece ir escalando en los últimos meses, dándose ataques personales y acusaciones de corrupción y el recorte presupuestario parece seguir la misma línea.
Por si no lo viste:
Ante lo anterior, la senadora Xóchitl Gálvez por medio de redes sociales pronunció su postura, señalando como “casualidad” el recorte de presupuesto del Poder Judicial previo a las campañas electorales, pues qué podría ser tan importante para el presidente que no se tomó en cuenta a miles de trabajadores y familias.
Pero, ¿qué consecuencias traerá consigo dicho recorte? La respuesta es simple, debilitar presupuestalmente al poder judicial podría dañar no solo a jueces, magistrados y ministros; sino también a las víctimas y a quienes buscan justicia, pues es un despropósito y de manera indirecta una forma de revictimizar a quienes hoy más requieren respaldo.
La deuda pública de México. Todo parece indicar que el gobierno del presidente López Obrador financia sus obras insignia con recursos que no hacen más que contribuir a la deuda pública, la cual terminará de ser pagada nada más y nada menos que por las familias mexicanas en un futuro.
A pesar del descontento, López Obrador justificó su decisión, argumentando que todo irá dirigido a obras públicas, resaltando que antes ni siquiera se atendía a la deuda pública.
En respuesta, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) estimó que la deuda pública de México se incrementará un 59% durante el Gobierno de López Obrador.
Al momento, la oposición ha dejado ver su postura calificando la decisión del presidente como “irresponsable”, pues el proyecto de presupuesto que presentó al Congreso la Secretaría de Hacienda, prevé un aumento real anual de 7.1% del gasto neto total hasta 9.02 billones de pesos (unos 530,000 millones de dólares).
Con información de El País, Debate y El financiero
DVA
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