Un juez federal ha detenido el proceso penal de Emilio Lozoya relacionado con el caso Agronitrogenados. Lozoya, el exdirector de Pemex, estaba siendo enjuiciado por su implicación en la adquisición excesivamente costosa de una planta de fertilizantes de Altos Hornos de México (AHMSA). A pesar de esta suspensión, Lozoya permanecerá en prisión, ya que enfrenta un segundo proceso por su participación en un esquema de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Las acusaciones contra Lozoya se referían a su presunto soborno de 3,4 millones de dólares para facilitar que Pemex pagara a Alonso Ancira 275 millones de dólares por una planta catalogada como «chatarra», que había estado inactiva durante más de 14 años y que tenía un valor real de 58 millones de dólares. A pesar de que el gobierno mexicano exigía una compensación de 30 millones de dólares, había rechazado previamente los acuerdos propuestos por los abogados de Lozoya.
Por si no lo viste:
Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Gerardo Genaro Alarcón, ha interpretado que el acuerdo alcanzado en 2021 entre el gobierno y Ancira, que obligaba a pagar al propietario de la planta 216 millones de dólares, también se aplica a Lozoya. Esto significa que Lozoya queda exento de pagar la multa y de enfrentar las acusaciones.
El juez Gerardo Genaro Alarcón López explicó en su fallo que, según el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando se llega a un acuerdo reparatorio como alternativa al juicio penal y hay varios imputados por el mismo delito, el cumplimiento de dicho acuerdo por parte de uno beneficia a los demás, ya que la extinción de la acción penal beneficia a todos al satisfacer los intereses de la víctima u ofendido en el proceso penal.
Emilio Lozoya fue arrestado en España en 2021 y posteriormente fue extraditado a México, donde ha estado detenido desde entonces. En julio, la petrolera estatal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda solicitaron que la cantidad de reparación a pagar por Lozoya aumentara de 10 millones de dólares a 30 millones de dólares. En ese momento, los abogados de Lozoya alegaron que estaban siendo extorsionados. Esta decisión judicial, que se ha demorado durante meses, representa un contratiempo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con información de El País.
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