Un tribunal del municipio de Matamoros, Tamaulipas, exoneró a un total de 20 personas, entre ellas el exalcalde del municipio de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por los cargos que los relacionaban con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» del municipio de Ayotzinapa, en el mismo estado.
Entre las otras personas que fueron liberados de cargos se encuentra el ex secretario de Seguridad Pública de Ayotzinapa, Felipe Flores Velázquez, todos acusados de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado.
En el año 2019 el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, había exonerado al ex edil José Luis Abarca y a los demás detenidos, bajo la causa penal 66/2015.
De acuerdo al expediente judicial se señala que algunos de los involucrados fueron detenidos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La sentencia es definitiva y no podrá ser combatida por la Fiscalía General de la República (FGR).
El ex alcalde José Luis Abarca, aún tiene pendientes otras causas penales, entre ellas, una en Toluca, donde la FGR lo señala como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por si no lo viste:
Está pendiente además se resuelva la apelación que hizo la Fiscalía General de la República contra la sentencia absolutoria que se dictó a su favor, luego que el juez señaló que el Ministerio Público Federal, no pudo acreditar su relación con el grupo criminal de Guerreros Unidos, ni la existencia de dicha organización criminal.
Por si no se recuerda, la noche del 26 de septiembre de 2014, fuerzas armadas y de seguridad pública del municipio de Iguala, Guerrero, interceptaron y atacaron dos autobuses donde los normalistas viajaban durante la noche.
Tras la agresión armada, 4 personas perdieron la vida, 17 más quedaron heridas y 43 estudiantes fueron reportados como en paradero desconocido. Se presume que las mismas fuerzas armadas coludidas con grupos criminales de la región confundieron a este grupo con miembros de una banda contraria a Guerreros Unidos, organización delictiva que habría pactado con el 27 batallón de infantería, ubicado en la entidad.
Apenas en noviembre de 2022, las familias de los desaparecidos señalaron que la investigación sobre los hechos está estancada.
En marzo pasado, la FGR detuvo a nueve policías estatales y municipales que presuntamente participaron en la detención y desaparición de los estudiantes.
Con información de El Financiero.
dmra
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