Desde el 27 de marzo de 2022, autoridades de El Salvador, bajo órdenes del presidente Nayib Bukele, implementaron medidas en materia de seguridad pública donde se suspenden derechos de la población ante una cuestión que el gobierno considera crítica, a esto se le llama un «estado de excepción».
Esto ocurrió después de que organizaciones criminales tomaran la vida de 87 personas después de que el gobierno no aceptara un pacto en el que se buscaba reducir la cantidad de homicidios en el país.
Aunque la propia Fiscalía de EE.UU. hizo referencia a este diálogo en una reciente acusación contra líderes de la pandilla, el Ejecutivo salvadoreño siempre ha negado haber llevado a cabo ningún tipo de negociación.
Ahora, a más de 1 año de que dio inicio esta medida, la situación se ha polarizado tanto dentro como fuera de El Salvador, siendo considerada por algunos como un a «manera justa» de actuar mientras otros lo ven como un «abuso de autoridad».
Un reporte publicado por la organización humanitaria Cristosal reveló que al menos 153 personas, la mayor parte jóvenes y entre ellas 4 mujeres, han muerto bajo custodia del estado salvadoreño en el proceso de «combatir a las pandillas».
De estos, 29 fallecieron de muerte violenta y otros 46 por «probable muerte violenta» o sospecha «de criminalidad», se especifica en el informe, y se señala como «patrón común» la presencia de laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, o señales de estrangulamiento o ahorcamiento en los cadáveres.
Según el informe de Cristosal, ninguna de las víctimas había sido declarada culpable del delito que se les atribuía cuando fueron detenidas. De ese total, 139 fallecieron durante el primer año del régimen de excepción.
Como ejemplo recoge el caso de un hombre de 52, dueño de una tienda y un molino, quien durante años había sido acosado por pandilleros y obligado a proveerles de alimentos, que fue detenido acusado de colaborar con ellos. Según la esquela del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, «murió por edema cerebral», recoge el informe de Cristosal.
Por si no lo viste:
El informe de la organización defensora de los derechos humanos también revela que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas. Casi la mitad sufrieron muerte violenta.
Un hombre de 20 años que fue liberado tras ser declarado inocente compartió los tratos hostiles por parte de los responsables al interior de las prisiones. Inició contando que los agentes les gritan «Manos arriba. Si las bajan los vamos a matar (…). Solo si tienen suerte saldrán con vida de aquí».
Narra los abusos a los que él y otros arrestados fueron sometidos cuando estuvieron en la cárcel de Mariona: «Mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre. Al entrar al sector donde iban a quedar, los custodios les dieron otra golpiza».
Mientras, las autoridades salvadoreñas declararon en reserva la información oficial al respecto y sostienen que las muertes ocurridas dentro de las prisiones se deben a causas naturales.
«Yo he escuchado a la oposición decir que en las cárceles muere gente. Y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran […] Pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen; hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera», dijo el propio Bukele durante una trasmisión en vivo el 16 de octubre del año pasado.
Durante el último año, en el que quedaron suspendidos el derecho a la privacidad de las comunicaciones y garantías al debido proceso, como el requisito de que cualquier detenido sea presentado ante el juez en las 72 horas posteriores a su arresto, más de 68.000 personas han sido detenidas por su presunta relación con las maras.
Con una población de 6,3 millones de personas, estos arrestos masivos convirtieron El Salvador en el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo.
Familiares y organizaciones denuncian que muchos de los detenidos son inocentes.
Con información de BBC y La Jornada.
dmra
Recent Comments