El pasado 8 de enero, un hombre identificado Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió al restaurante La Polar, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después perdió la vida a manos de trabajadores del lugar. Su acompañante, Adriana, denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros, y según las primeras declaraciones, fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigieron.
Ante los hechos, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio que llevó a la detención de una persona y la clausura del local por autoridades de la alcaldía. Asimismo, Sandra Cuevas, alcaldesa de la demarcación, aseguró que hará todo lo posible porque este lugar, con más de 80 años de historia, no vuelva a abrir sus puertas ante lo que llamó un “hecho atroz”.
Sin embargo, pareciera que la declaración de la gobernanta local no tiene ningún valor ya que «La Polar» podría estar pronto a reabrir sus puertas. Esto sucede después de que peritos y especialistas de la Fiscalía Capitalina, terminaran las diligencias e inspecciones en ese lugar.
La dependencia dio a conocer que llevó a juicio a un perito de la misma corporación por no realizar su trabajo de manera correcta en la birriería La Polar.
Por si no lo viste:
De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, en dicho lugar la servidora pública identificada como Verónica «N» , en su calidad de perita profesional, probablemente se negó a realizar la recolección, levantamiento y embalaje de indicios, por el delito de homicidio.
Luego que fuera denunciada por sus propios compañeros, fue detenida. En la audiencia inicial, el juzgador dio por cumplimentado el mandamiento judicial por lo que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos formuló imputación, pero la defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional.
De manera paralela se dio a conocer que los abogados de los propietarios de La Polar exigen a las autoridades que, una vez retirado los sellos de seguridad y de clausura, el lugar pueda abrir lo antes posible, argumentando que la imagen del lugar se «ha afectado» y las pérdidas económicas son considerables, pues tiene más de 2 meses cerrado al público.
Hasta el momento, solo una persona, el jefe de seguridad del lugar, identificado como Sergio «El Chiquilín», está imputado por el crimen. Se observó en los videos como a empujones y golpes sacaba del lugar a la víctima para después dejar el cadáver en la calle.
Con información de El Universal.
dmra
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