El 9 de febrero de 1985 se dio a conocer la muerte de Enrique «Kiki» Camarena Salazar, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los primeros reportes aseguraban que había sido víctima y secuestro por miembros del Cartel de Guadalajara, organización antecesora del Cartel de Sinaloa y otros grupos delincuenciales.
Sin embargo, durante los últimos años se ha develado información que pone en duda los primeros reportes ya se detectaron irregularidades en la investigación sobre la tortura del oficial mexicano.
Ante esto, el juez federal de Estados Unidos, John A. Kronstadt, ordenó la reapertura del caso y la celebración de un nuevo juicio para Raúl López-Álvarez, quién fue señalado como el responsable por el crimen y enfrenta una condena de 249 años por la acusación.
Documentos judiciales, obtenidos por la agencia EFE y difundidos desde el 23 de marzo, revelan que el juez Kronstadt detalló irregularidades por parte del Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y decidió anular los cuatro cargos que recaían sobre López-Álvarez, que continuará en prisión sin fianza a la espera de un nuevo juicio.
Este deberá comenzar en un plazo de 180 días posteriores al 23 de marzo pero, según argumentó el juez, probablemente “se necesitará tiempo adicional para localizar testigos y pruebas” debido a que el último proceso judicial contra el acusado ocurrió hace más de 34 años.
Asimismo, E. Martin Estrada, fiscal del Distrito Central de California, presentó la semana pasada un informe de situación del caso en el que oficializaba que solicitaría un nuevo juicio con respecto a los cuatros cargos que pesaban sobre el acusado.
Por si no lo viste:
López-Álvarez es un expolicía judicial de Guadalajara, Jalisco, que fue detenido el 26 de octubre de 1987 en Los Ángeles (California, EE.UU.) y condenado a 249 años de cárcel por ayudar, instigar y participar en el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena.
Sin embargo, el acusado reconoció el año pasado que las declaraciones a Abel Reynoso y José Reyes García, otro agente de la DEA y un testigo que lo inculparon, eran falsas y fruto de una actitud fanfarrona, pero que no secuestró ni mató a Camarena.
Además, desde 2019 ha esgrimido que el FBI había incurrido en una serie de irregularidades durante el proceso que desembocó en su encarcelación y el juez Kronstadt le dio parcialmente la razón en otro documento judicial que data del pasado 23 de febrero.
La condena de López-Álvarez se basó en las pruebas de Michael Malone, un agente al frente del laboratorio de fibras del FBI que dijo haber encontrado pelos en una casa ubicada en Guadalajara donde fue asesinado “Kiki”.
No se pudo demostrar que estos fueran de López-Álvarez, pero se infirió que él era uno de los responsables después de que el tribunal conociera el supuesto falso testimonio del condenado en su conversación con Reynoso y Reyes García.
“El testimonio de Malone apoyó significativamente la inferencia de que las declaraciones de López-Álvarez a Reynoso y Reyes García eran veraces y socavaron la defensa (de López-Álvarez)”, sostuvo Kronstadt el 23 de febrero de 2023.
Además, en dicho documento judicial, el magistrado arguyó que en la declaración de Reynoso “nunca” se habló explícitamente de que López-Álvarez secuestrara a Camarena, sino que estuvo “con quienes participaron” en el crimen.
Con información de EFE.
dmra
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