La salud mental como bien público

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Paulina Mancebo

Analista de Política Pública

Twitter: @P_Mancebo

La definición de salud pública ha cambiado con el tiempo, pero siempre ha estado vinculada a la idea de una población que sea capaz de producir un valor agregado. Actualmente, la pandemia ha visibilizado la importancia por el mantenimiento de la salud mental, pero en la gran mayoría de los casos, sobre todo en Latinoamérica se encuentra por fuera de los servicios públicos.

Asimismo, el acceso a la protección de la salud mental está caracterizado por la desigualdad, quienes más recursos tienen, más tienen posibilidades de acceder a la atención psicológica. La terapia, comúnmente es un asunto de hombres con recursos y que además está enfocada en su éxito, liderazgo y consolidación profesional.

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Sin embargo, las tareas de cuidado inciden y potencian las probabilidades de padecer algún problema de salud mental, lo que hace que las mujeres sean las que están mayormente expuestas a cargas emocionales y mentales derivadas de la crianza y el cuidado de sus familiares.

Por si esto fuera poco, los programas de salud no incluyen servicios de atención psicológica sobre la idea de que es un lujo y que no se constituye como una variable primordial para el desarrollo de los individuos. Las coberturas públicas solo incluyen la protección del suicidio, así como prevención y atención a las adicciones, que al final son prevenibles con modelos tempranos de atención a la salud mental.

El encierro de la pandemia viene a aumentar las exposiciones a riesgos de salud mental, el hecho de pasar horas en solitario, aislados y frente a las computadoras implica también una mayor exposición a prácticas de riesgo, pensamientos depresivos, ansiedad, entre otros. Pensar que la salud mental no se constituye como riesgo de trabajo es reflejo de un modelo de seguridad social anquilosado y basado en los empleos mecanizados.

La reapertura de las actividades económicas y sociales implica un desafío para quienes arrastran en silencio problemas de salud mental, la brecha de acceso y atención será una de las barreras que enfrenten las personas en su consolidación laboral.

La evidencia científica muestra los efectos del desempleo en la salud mental, que comienzan en los primeros tres meses y se agravan en la medida que se incrementa el tiempo en desocupación, a grado tal que puede disminuir la esperanza de vida de las personas. Relación que parece muy obvia de medir, pero lo sorprendente es que otros estudios muestran que un empleo estresante, frustrante o mal pagado, puede tener los mismos efectos negativos que el desempleo.

El modelo laboral actual privilegia la precarización y la sobre explotación de los trabajadores, trabajar en casa es una forma más de instrumentar mayores niveles de vulnerabilidad y más cuando se combina con labores domésticas y de cuidado. Todo este contexto alimenta un proceso en el que las mujeres se encuentran sobre cargadas y esto se ha convertido en una de las razones de la disminución de participación laboral de las mujeres.

El hecho de que no se considere a la salud mental como un derecho fundamental de salud afecta a toda la sociedad en primer lugar, porque disminuye la productividad, la colaboración y, sobre todo, porque incrementa los riesgos de los trabajadores, riesgos que en el largo plazo se traducen en enfermedades o padecimientos crónicos.

Conversar sobre las necesidades de salud mental y especialmente para las mujeres se convierte en una inversión social fundamental con beneficios para todos a nivel económico y social.