Desalojan plantón en contra de la termoeléctrica de Huexca

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Agentes de la Guardia Nacional desalojaron de madrugada el plantón instalado en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, en Morelos, para reactivar la construcción de la tubería que conectará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla con la termoeléctrica construida en Huexca, Morelos. Desde hace cuatro años, ejidatarios de Ayala y Tlaltizapán mantenían un bloqueo para impedir que se concluya la obra, que permitiría iniciar las operaciones de la termoeléctrica, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Los uniformados se desplegaron pasadas las 2 de la madrugada y obligaron a que las 10 personas que se encontraban en los dos puntos del plantón a ambas orillas del río Cuautla abandonasen el lugar. El plantón fue levantado hace cuatro años por activistas por el medioambiente entre los que se encontraba Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019.

“Seguido de la GN llegaron las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto y comenzaron a colocar paredes de lámina para evitar el libre tránsito y el derecho de defensa y manifestación de quienes son agraviados por este megaproyecto”, dijo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en un comunicado.

La CFE, responsable de la termoeléctrica, explicó que la intervención de la Guardia Nacional se produjo por tratarse de instalaciones estratégicas, “con el propósito únicamente de salvaguardar el patrimonio nacional”. Según este comunicado, el operativo contó con la  presencia de los fedatarios públicos Gerardo Cortina Mariscal, Notario Público No. 12 en Cuernavaca, Morelos y Jesús Toledo Saavedra, Notario Público No. 2 en Yautepec, Morelos y también presidente del Colegio de Notarios del estado de Morelos, “quienes dieron fe de que los hechos se realizaron de forma pacífica, ya que las 10 personas que se encontraban en el plantón accedieron retirarse de forma voluntaria”.

Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, explicó que los ejidos se encuentran reunidos y que es probable que se convoquen protestas.

“Es importante destacar, que actualmente no existe ningún impedimento legal para el reinicio de las obras ni para el inicio de operaciones de la central generadora, ya que no existe orden alguna de jueces que lo impida”, dijo la CFE en un comunicado. Dos meses atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reactivarían los trabajos para poner en marcha la termoeléctrica argumentando que ya no existen amparos en su contra.

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La institución dirigida por Manuel Bartlett argumentó además que el proyecto ganó el apoyo de la comunidad en la consulta celebrada en febrero. Aquella votación tuvo lugar apenas dos días después del asesinato de Samir Flores y en ella no participaron las comunidades más afectadas por la instalación de la termoeléctrica. Además, la CFE aseguró tener firmado un convenio con 26 ejidos y nueve pequeñas propiedades, integrantes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO). Animal Político solicitó copia de este documento, pero la CFE aseguró que “no es público” y que tampoco tiene previsto publicitarlo.

Los opositores al proyecto rechazan la versión del gobierno. El abogado Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, aseguró que existen 19 amparos presentados por diversos ejidos. De ellos, según Flores, 9 tienen suspensión sobre el uso del agua y no permiten que se disminuya el caudal del agua del río Cuautla. “Los amparos siguen vigentes”, insistió Flores.

El Proyecto Integral Morelos es un plan que consta de dos plantas termoeléctricas ubicadas en el municipio de Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que transcurre entre 60 comunidades de los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla, y un acueducto de 12 kilómetros entre los municipios de Ayala y Huexca, Morelos.

Los activistas que se oponen al proyecto argumentan que este se ha impuesto sin dar opción a una consulta que respete los parámetros del convenio 169 de la OIT, que es el que regula el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Alertan sobre los riesgos a la salud y al medio ambiente de poner en marcha la infraestructura.

La CFE, por su parte, asegura que el proyecto cumple con todos los requisitos legales. “Si esta obra no se llevase a cabo, la central eléctrica de la CFE, cuyo costo fue de 25 mil millones de pesos, construida con dinero del pueblo mexicano, se convertiría en chatarra”, dijo.